En 2025, como cada año, las empresas deben estar preparadas para gestionar este pago de manera eficiente, asegurando que los cálculos sean precisos y que la distribución se realice en los plazos establecidos. Un manejo adecuado del reparto de utilidades no solo permite cumplir con las disposiciones legales, sino que también fortalece la relación entre empleadores y colaboradores, promoviendo una cultura de transparencia y equidad dentro de la organización. En este artículo, exploraremos los aspectos esenciales que toda empresa debe conocer para garantizar un pago justo y eficiente.
El reparto de utilidades es un derecho laboral que otorga a los trabajadores una parte de las ganancias generadas por la empresa en la que laboran. Esta medida está contemplada en la Constitución Mexicana y regulada por la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de distribuir de manera más equitativa la riqueza obtenida por el negocio. No se trata de un bono o un beneficio opcional, sino de una obligación legal que las empresas deben cumplir si cumplen con ciertos requisitos. A través de este mecanismo, se busca que los empleados sean partícipes del éxito financiero de la compañía y se fomente un mayor compromiso con los objetivos organizacionales.
A pesar de su importancia, muchas empresas pueden tener dudas sobre si están obligadas a realizar este pago. De acuerdo con la legislación vigente, aquellas que hayan obtenido utilidades netas superiores a 300,000 pesos en el ejercicio fiscal anterior deben repartir el 10% de esa cantidad entre sus trabajadores. Sin embargo, existen excepciones a esta regla. Las empresas de reciente creación están exentas de realizar este pago durante su primer año de operaciones, así como aquellas que se dedican a actividades de asistencia pública, organismos descentralizados con fines humanitarios y algunas instituciones del sector financiero. Además, los negocios que no alcanzan el umbral de ingresos establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no están obligados a distribuir utilidades.
En cuanto a los trabajadores, no todos tienen derecho a recibir este pago. Para ser beneficiario del reparto de utilidades, un empleado debe haber laborado al menos 60 días dentro del año fiscal correspondiente, ya sea de forma continua o discontinua. Tanto los trabajadores de planta como los eventuales pueden recibir este beneficio, siempre y cuando cumplan con el tiempo mínimo de permanencia en la empresa. No obstante, hay ciertas posiciones que quedan excluidas, como directores, gerentes generales, socios y accionistas, ya que su remuneración no se basa en un esquema salarial tradicional. Asimismo, los empleados domésticos y los colaboradores eventuales que presten sus servicios fuera de la empresa sin una relación subordinada directa tampoco forman parte de la distribución de utilidades.
El cálculo del reparto de utilidades se realiza con base en la utilidad fiscal reportada por la empresa en su declaración anual. De esta cantidad, el 10% debe destinarse a los trabajadores, y la distribución se realiza en función de dos criterios principales: el salario percibido y los días trabajados durante el año. La mitad del monto total se reparte en proporción a los días laborados por cada empleado, mientras que la otra mitad se distribuye según los ingresos que cada trabajador haya recibido durante el ejercicio fiscal. Esto significa que quienes hayan tenido un mayor tiempo de servicio en la empresa y un salario más alto recibirán una porción mayor del reparto.
Es fundamental que las empresas cumplan con esta obligación dentro de los plazos establecidos, ya que no hacerlo puede derivar en sanciones económicas y conflictos laborales. Para garantizar un proceso ordenado y sin errores, es recomendable llevar un registro preciso de la información laboral y fiscal de los trabajadores. La transparencia en la distribución de utilidades no solo evita posibles inconformidades, sino que también refuerza la confianza entre los empleados y la organización, contribuyendo a un ambiente laboral más estable y productivo.
Cómo calcular y distribuir el reparto de utilidades en 2025
El reparto de utilidades no es un pago discrecional, sino un derecho de los trabajadores que se debe calcular con base en la utilidad fiscal de la empresa y distribuirse de acuerdo con criterios específicos. Para determinar el monto exacto a repartir, las empresas deben tomar en cuenta la declaración anual presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la cual se establece la utilidad neta generada durante el ejercicio fiscal. De esta cantidad, el 10% debe destinarse a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), cantidad que posteriormente se distribuye entre los empleados de acuerdo con ciertos parámetros.
El cálculo de la PTU se realiza en dos etapas: primero, se determina el monto total a repartir y, después, se establece la forma en la que se distribuirá entre los trabajadores. Para este segundo paso, se toman en cuenta dos factores principales: los días trabajados por cada empleado y su salario percibido durante el año. La mitad del monto total de utilidades se reparte equitativamente entre los trabajadores en función de los días laborados en la empresa, sin importar el sueldo de cada uno. La otra mitad se distribuye de manera proporcional al salario percibido, lo que significa que los empleados con un sueldo más alto recibirán una cantidad mayor en esta parte del reparto.
Es importante aclarar que, para efectos del cálculo, se considera el salario base sin incluir prestaciones adicionales, bonos o compensaciones extraordinarias. Por ejemplo, conceptos como vales de despensa, bonos de productividad y comisiones no forman parte del salario base para el reparto de utilidades. En el caso de los empleados que han trabajado medio tiempo o han tenido variaciones en su jornada laboral, el cálculo se ajusta proporcionalmente al tiempo efectivamente laborado.
Una de las dudas más comunes entre las empresas es si todos los trabajadores deben recibir la misma cantidad de utilidades. La respuesta es no, ya que la distribución depende de los criterios mencionados anteriormente. Dos empleados que hayan trabajado la misma cantidad de días pueden recibir montos distintos si sus salarios son diferentes. Del mismo modo, un trabajador con menor tiempo en la empresa recibirá menos que otro con una antigüedad mayor, ya que la cantidad de días trabajados impacta directamente en el cálculo.
Existen algunos escenarios en los que las empresas pueden enfrentar dificultades en la distribución del reparto de utilidades. Por ejemplo, cuando hay trabajadores que dejaron la empresa antes de que se realice el pago, estos siguen teniendo derecho a recibir su parte proporcional, por lo que la empresa debe asegurarse de localizarlos y cumplir con la entrega del monto correspondiente. En estos casos, si el trabajador no recoge su pago, la cantidad debe resguardarse hasta por un año en la empresa antes de ser remitida a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Además, es importante que las empresas sean transparentes en el proceso de cálculo y distribución del reparto de utilidades. Para evitar conflictos o malentendidos, se recomienda comunicar claramente a los empleados cómo se determinó el monto total a repartir y qué criterios se utilizaron para distribuirlo. Mantener un registro preciso de la información laboral y fiscal de cada trabajador es clave para garantizar que el pago se realice correctamente y dentro de los plazos establecidos por la ley.
La correcta gestión del reparto de utilidades no solo permite cumplir con una obligación legal, sino que también impacta positivamente en el clima organizacional. Un proceso ordenado y equitativo refuerza la confianza de los empleados en la empresa y contribuye a una cultura de transparencia y reconocimiento del esfuerzo de cada trabajador. Para lograrlo, es fundamental que las empresas cuenten con herramientas y procesos eficientes que les permitan calcular y distribuir este pago sin errores ni contratiempos.
Plazos y sanciones: Lo que las empresas deben considerar en 2025
El reparto de utilidades tiene plazos específicos que las empresas deben respetar para evitar sanciones y conflictos laborales. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las empresas tienen hasta el 30 de mayo de 2025 para cumplir con esta obligación si son personas morales (es decir, empresas constituidas legalmente como sociedades). En el caso de personas físicas con actividad empresarial, el límite para realizar el pago es el 29 de junio de 2025.
No cumplir con estos plazos puede traer consecuencias legales y económicas para las empresas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) supervisan que los trabajadores reciban la participación en las utilidades en tiempo y forma. Si una empresa no realiza el pago dentro del periodo establecido o lo hace de manera incorrecta, los empleados pueden presentar una denuncia y exigir la entrega del monto que les corresponde.
Las sanciones por omitir o retrasar el reparto de utilidades pueden ser significativas. La Ley Federal del Trabajo establece multas que pueden ir desde los 250 hasta los 5,000 UMAs (Unidades de Medida y Actualización), lo que equivale a un rango aproximado de 27,000 a 540,000 pesos en 2025, dependiendo de la gravedad de la falta. Además, una empresa que incumple con esta obligación puede enfrentar inspecciones laborales más estrictas y reclamaciones por parte de los trabajadores, lo que puede derivar en costos adicionales y problemas legales.
Otro aspecto importante a considerar es que el derecho de los trabajadores a reclamar su pago de utilidades no es indefinido. Según la ley, tienen hasta un año para solicitarlo, contándose a partir del día siguiente a la fecha límite de pago. Pasado ese tiempo, el derecho prescribe y la empresa ya no está obligada a entregar la cantidad correspondiente. Sin embargo, para evitar reclamos y problemas con la autoridad laboral, lo recomendable es cumplir en tiempo y forma sin necesidad de esperar a que los empleados hagan una reclamación formal.
Para asegurar que el reparto de utilidades se realice correctamente, las empresas deben contar con un proceso de cálculo claro, documentación precisa de los ingresos y días laborados de cada trabajador, y una estrategia de comunicación interna que informe a los empleados sobre su derecho a este pago. También es fundamental que las empresas sean transparentes y brinden acceso a la información necesaria para resolver cualquier duda que puedan tener los colaboradores respecto a la distribución de este beneficio.
Cumplir con esta obligación no solo evita sanciones, sino que también contribuye a la confianza y estabilidad dentro de la empresa. Un reparto de utilidades claro y bien gestionado fortalece la relación entre empleados y empleadores, mejora la percepción de equidad y promueve un ambiente laboral más positivo.
